En 2004, el periodista David Rabinovich, patrocinado por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) Y  la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) , fue el primero en denunciar al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación administrativa y judicial del acceso a la información pública.

Esta demanda, que también involucró al gobierno local, fue motivada luego de que la Junta Departamental no entregara las actas de la Comisión de Presupuesto de la municipalidad del Departamento de San José.