Montevideo, 17 de octubre de 2017

 

En momentos en que la Cámara de Diputados discute el proyecto de reforma para incorporar al proceso penal adolescente el modelo acusatorio, IELSUR quiere expresar lo siguiente:

1- Sorprendentemente, desde ámbitos oficiales se anunció que el nuevo CPP no fue puesto en práctica en la fecha anunciada debido a la incompatibilidad que presenta con el CNA. Por ello, el Senado en un primer momento aprobó una propuesta de armonización del CNA al proceso penal acusatorio, presentada con la firma de todos los partidos políticos.

2- Resulta curioso el motivo esgrimido para posponer la implementación del CPP en el proceso penal de adultos que, por un lado, una vez más deja al descubierto el trillado recurso de asociar los problemas de seguridad en Uruguay con la responsabilidad de los adolescentes.  Y es llamativo también, porque su punto de partida es una premisa falsa, que afirma que en el proceso infraccional adolescente los principales problemas se originan en que no hay sistema acusatorio.

3- El proceso de adolescentes tiene problemas, sin ninguna duda, pero no de la magnitud de los problemas del sistema inquisitivo de los adultos.  No hay adolescentes sin condena; el plazo máximo de una cautelar de 90 días en la mayoría de los casos no se cumple (porque en el entorno de los dos meses y medio se dicta una sentencia condenatoria o absolutoria); la presencia de la defensa es garantizada por la norma desde el momento de la detención, contrariamente de lo que ocurre en el proceso de adultos. Las particularidades mencionadas ilustran aspectos en los cuales la legislación procesal actual de adolescentes es más garantista que lo que se propone aprobar.

Hace un tiempo fue difundido un informe interno del Poder Judicial (informe Cavalli:  http://www.180.com.uy/articulo/54580_constataron-errores-en-actuaciones-judiciales-a-menores ), que señalaba que en los Juzgados del interior del país se vulneraban garantías fundamentales del proceso instituido en el CNA -como la presencia de la defensa-,  al aplicarse normas del proceso penal de adultos. En ese sentido, la reforma del proceso penal adolescente a consideración de la Cámara de Representantes, más que el reflejo de una preocupación por el proceso acusatorio para dotar de garantías a los adolescentes, supone conferir respaldo legal a aquellos jueces que no aplicaban las garantías del proceso establecido en el CNA.

4- A su vez, el proyecto a estudio torna más gravosa la situación de los adolescentes si lo comparamos con lo establecido en el CPP para adultos, donde la prisión preventiva no se establece como regla, sino que solo podrá ser dispuesta en caso de frustración de medidas probatorias, peligro de fuga o peligro de la integridad física de la víctima. Asimismo, el proyecto a estudio en materia de adolescentes aumenta el plazo de detención preventiva que hoy rige (pasándolo de 90 días a más de 100), violando con ello principios fundamentales de la Convención sobre Derechos del Niño. Además, se eliminan beneficios -como la libertad anticipada- expresamente previstos para los adultos en el nuevo CPP, haciendo más gravosa la situación de los adolescentes.

5- No deroga las leyes represivas que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le recomendó en su documento del año 2015 al Estado Uruguayo, debía hacer.

6- Si la intención legislativa es mejorar el proceso penal adolescentes, nos preguntamos: ¿Por qué siguen manteniendo en el interior del país la doble competencia –penal y adolescentes- en juzgados de adultos? ¿Por qué la segunda instancia se mantiene en juzgados de familia? ¿No es que quieren mejorar el proceso? ¿Por qué no se refuerza la defensa para que cumpla un rol relevante en el proceso?

7 – Lo que se conoce como “derecho penal juvenil” es una construcción  especifica que parte de una primera constatación: el adolescente no es un adulto. A partir de esa asunción deben realizarse las adecuaciones normativas y procesales correspondientes, reconociendo especificidades en virtud de grado de desarrollo del adolescente.  No es eso lo que ocurre en el proyecto a estudio parlamentario,  que es un calco -por momentos más duro- del proceso penal de adultos.

Una vez más los adolescentes pierden, y también pierde el país la oportunidad de un debate que enriquezca y fortalezca las garantías de los adolescentes en el marco de un proceso penal.

Los actores que comparecieron ante el Comité  de Derechos del Niño de Naciones Unidas como parte de la delegación oficial propusieron esta reforma, y han instalado un problema grave que, en lugar de honrar los estándares de derechos humanos, retrocede en su implementación.

Nunca como antes en la historia del país los adolescentes han sido criminalizados como ahora, pese a que triunfó electoralmente no bajar la edad de imputabilidad penal. 

 

Descarga el documento aquí: IELSUR 17-10-17. ADOLESCENTES cpp

Ielsur On octubre - 17 - 2017

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